By Zurda México
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este 17 de marzo de 2026 su llamado “Plan B” de reforma electoral, un paquete que, según lo expuesto por el gobierno federal, será enviado al Senado y busca reducir privilegios en organismos electorales, recortar gasto político y ampliar mecanismos de participación ciudadana. La iniciativa surgió después de que la propuesta original de reforma electoral no alcanzara la mayoría calificada en la Cámara de Diputados la semana pasada.
Entre los puntos centrales del nuevo planteamiento destacan los topes salariales para consejeros y altos funcionarios del INE, OPLE y tribunales electorales, la eliminación de bonos, seguros de gastos médicos mayores e ingresos adicionales, así como ajustes al gasto del Senado, los congresos locales y los ayuntamientos. La propuesta también mantiene la elección judicial en 2027 y abre la puerta a que la revocación de mandato pueda solicitarse en el tercer o cuarto año de gobierno.
El Plan B electoral plantea recortes al INE y límites al gasto político
Durante la presentación oficial, el gobierno explicó que la iniciativa busca que nadie en los organismos electorales gane más que la Presidenta de México. En esa ruta, el paquete contempla cambios para limitar remuneraciones en el INE, en los organismos públicos locales electorales y en los tribunales electorales locales, además de eliminar prestaciones extra que hoy forman parte de esos cargos.
También se plantea una reducción en la estructura de representación local. En municipios, la propuesta fija un rango de 7 a 15 regidurías y una sola sindicatura por ayuntamiento; para los congresos estatales propone un tope presupuestal equivalente al 0.7% del presupuesto de egresos de cada entidad, mientras que para el Senado prevé una baja progresiva del gasto hasta llegar al 15%.
Bonos, seguros médicos y privilegios quedarían fuera del esquema electoral
Uno de los mensajes más fuertes del nuevo paquete es el recorte a beneficios adicionales. De acuerdo con la exposición del Plan B, los funcionarios electorales ya no podrían conservar bonos, seguros de gastos médicos mayores ni ingresos extraordinarios, en línea con el argumento de austeridad que ha defendido la administración federal.
En paralelo, las reformas a leyes secundarias incluyen más controles sobre los partidos políticos: obligación de reportar operaciones financieras en tiempo real, transparentar remuneraciones de sus dirigentes, prohibir recursos de origen no comprobable, así como impedir aportaciones en efectivo y dinero proveniente del extranjero.
La propuesta también modifica revocación de mandato y cómputos electorales
El Plan B no se limita al tema presupuestal. La iniciativa propone que la revocación de mandato pueda celebrarse el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, dependiendo de cuándo la solicite la ciudadanía. De esa forma, el ejercicio podría realizarse en 2027 o 2028.
Además, plantea que los cómputos de elecciones federales y locales comiencen desde la noche de la jornada electoral, apenas llegue el primer paquete a la autoridad correspondiente, con el argumento de acelerar resultados y reforzar la fiscalización mediante tecnología y convenios interinstitucionales.
El nuevo intento llega tras el revés legislativo de la reforma original
El relanzamiento de la estrategia electoral ocurre luego de que la primera reforma impulsada por Sheinbaum fuera rechazada el 11 de marzo en la Cámara de Diputados por no alcanzar la mayoría calificada. Reuters reportó que esa derrota abrió una fisura poco común entre Morena y sus aliados legislativos, lo que obligó al gobierno a rediseñar el proyecto y presentar una versión más acotada.
Con este nuevo paquete, el Ejecutivo busca reposicionar una agenda centrada en la austeridad electoral y el control del gasto público. Sin embargo, al tratarse todavía de una iniciativa, su futuro dependerá del trámite legislativo en el Senado y, en su caso, del respaldo que logre reunir para los cambios constitucionales y legales que contiene.
